para el acto 26 de junio

Hoy se cumplen 10 años de la Masacre de Avellaneda y miles de compañeras y compañeros nos encontramos con el puño en alto recordando a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. En aquel 26 de junio de 2002 el gobierno de Eduardo Duhalde había ordenado una brutal represión, asesinando a nuestros compañeros y dejando un saldo de más de 30 manifestantes heridos de bala.  En un operativo conjunto entre la Policía Federal, la Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y la SIDE, con un despliegue planificado con carta blanca para matar.

La decisión política de tamaña represión fue fogoneada por los reclamos de paz social y garantía al capital que hacían las lacras imperialistas de los organismos internacionales, los gobernadores justicialistas y radicales y las cámaras empresarias: AEA, UIA, SRA, ADEBA y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con Felipe Solá a la cabeza.

El pueblo argentino estaba en pie de lucha desde las jornadas populares del 19 y 20 de diciembre, dónde las trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupados, las asambleas populares, las fábricas recuperadas llenamos las plazas, las rutas y los puentes de acciones de lucha y resistencia.

La masacre de Avellaneda pretendió ser un escarmiento ejemplificador contra la movilización popular que se desarrollaba en un contexto de crisis capitalista. La rebelión popular de diciembre de 2001 mostró que el pueblo estaba dispuesto a combatir  a los responsables y cómplices de la desocupación masiva, la flexibilización laboral, las privatizaciones y la destrucción de la salud y la educación públicas. La memoria de lucha y resistencia obrera y popular de los trabajadores ocupados y desocupados y de la juventud de nuestro país se manifestó en aquellas jornadas históricas.

Hoy, a 10 años de sus asesinatos, Darío y Maxi siguen siendo la expresión viva de esa juventud rebelde y combativa que se fogueó en las luchas, piquetes y puebladas contra el menemismo, contra la Alianza de De la Rúa y Chacho Álvarez y contra Duhalde. Darío y Maxi, como muchos otros jóvenes que hoy recorren el camino de la organización y la lucha junto a los trabajadores y el pueblo, fueron protagonistas de aquella rebelión del año 2001.

Darío y Maxi dieron su vitalidad y sus convicciones en cada construcción que encararon, con un compromiso inclaudicable en la lucha contra la opresión, la explotación, la represión y el hambre. Esa llama está viva en  miles y  miles de jóvenes que militamos día a día en los barrios, en las escuelas, en las universidades y en los lugares de trabajo. Esa llama está viva en la juventud trabajadora que se organiza en fábricas y talleres contra la superexplotación y la precarización laboral y es enemiga irreconciliable de la burocracia sindical.

Darío y Maxi son hijos del pueblo y de sus organizaciones. Son la contracara de las agrupaciones construidas desde arriba, con los recursos del Estado y al abrigo del poder de turno; las que nutren de  funcionarios al gobierno y tiene a sus jefes rodeados de lujos y privilegios.

Hace 10 años, el movimiento piquetero supo disputar y ganar terreno para la independencia política de la clase trabajadora, frente a las estructuras punteriles que responden a los dirigentes políticos de las clases dominantes y sus partidos, como el PJ. Pasan los años y nos seguimos organizando en  los barrios, seguimos construyendo independencia de clase. Darío y Maxi siguen vivos en cada lucha de nuestras organizaciones, en cada joven que se acerca a pelear, en cada compañera que se rebela contra el sometimiento, en cada trabajador y trabajadora ocupado o desocupada que se organiza para defender sus derechos.

Hoy, una vez más, denunciamos que la Masacre de Avellaneda no fue un exceso policial: fue un plan político organizado para acallar al pueblo. Durante los meses previos, las organizaciones en lucha y muchos de nuestros militantes y dirigentes, sufrieron agresiones, con el único objetivo de amedrentar a las movilizaciones que se multiplicaban. Nuestros reclamos y reivindicaciones no eran escuchadas  por Duhalde ni Solá. En ese contexto de aprietes y amenazas, fue asesinado Javier Barrionuevo en Esteban Echeverría el 6 de febrero y, unos meses después, baleado  el compañero Juan Arredondo en Lanús.

El pueblo trabajador se movilizó masivamente junto a nosotros al día siguiente de la masacre y luego, nuevamente,  el 3 de julio del 2002 desde Avellaneda hasta Plaza de Mayo y una vez más a los pocos días, para exigir justicia. Esas movilizaciones obligaron a Duhalde, máximo responsable político de la masacre, a adelantar su salida del gobierno.

Duhalde debería estar hoy en la cárcel, por los asesinatos de Kosteki y Santillán, por la maldita policía del narcotráfico, por José Luis Cabezas, la AMIA y el gatillo fácil. De la misma manera, no olvidamos que Aníbal Fernández, quien era secretario de presidencia de Eduardo Duhalde y actualmente es Senador Nacional, fue otro de los responsables de la Masacre de Avellaneda. Tampoco olvidamos que Carlos Soria, ex gobernador de la provincia de Río Negro, fue designado candidato directamente por Cristina Fernández; Soria dirigió la SIDE en el momento de la represión y murió sin ser juzgado por su activa responsabilidad en esta masacre.

Como cada 26 de junio, desde hace 10 años, estamos hoy aquí para exigir  juicio y castigo a todos los responsables políticos, ideológicos y materiales de aquellos crímenes. Nos referimos a Duhalde, Solá, J.J. Alvarez, Aníbal Fernandez, Atanasoff, Genoud, Oscar Rodríguez, Vanossi y Capitanich. Estos personajes siguen perteneciendo al establishment, muchos dentro del actual esquema político kirchnerista y otros en la oposición patronal.

El gobierno kirchnerista intentó cooptar y engañar a las compañeras, compañeros y familiares de Darío y Maxi. Ofrecía “investigar hasta las últimas consecuencias, sin importar quien caiga”. La comisión investigadora prometida nunca existió y los que hoy estamos aquí, levantando esta tribuna, jamás aceptamos abandonar la movilización en la calle y nuestra independencia, tal como nos proponían como si se tratara de una moneda de cambio.

Con la fuerza de la lucha y la movilización constantes - en el Puente Pueyrredón, en la Estación Darío y Maxi (ex Avellaneda), en los Tribunales de Lomas y en todas las plazas del país- logramos que los responsables materiales paguen por los asesinatos. Nuestra incansable  lucha por justicia arrancó las condenas a cadena perpetua para  los policías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta, a pesar de que otros policías, que también participaron de la brutal represión, recibieron penas menores.

Venimos a denunciar que los asesinos Fanchiotti y Acosta acaban de ser beneficiados con su traslado a un régimen penal semiabierto, lo cual significa que gozarán de privilegios a los que casi ningún preso común accede, que podrán gozar de salidas transitorias y eventualmente ser liberados, en tanto sus sentencias no sean reafirmadas por la suprema corte de la provincia de Buenos Aires, que hoy integra uno de los responsables políticos de la masacre, Luis Genoud.

A pocos días del décimo aniversario de sus brutales asesinatos, la resolución de los jueces en beneficio de Fanchiotti y Acosta constituye una provocación y un agravio a las memorias de Darío y Maxi y a una década de lucha popular.

¡Exigimos cárcel común y efectiva para Fanchiotti y Acosta! ¡Ningún privilegio para los asesinos de Darío y Maxi!

Reclamamos el juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales de la masacre de Avellaneda, para denunciar la impunidad de sus mentores y para exigir el cumplimiento efectivo de las condenas que recibieron Fanchiotti y Acosta. Esta impunidad de la que gozan Duhalde y demás responsables políticos es el producto de las alianzas y protecciones entre los poderosos de siempre, que se cubren las espaldas mientras reprimen, asesinan y encarcelan al pueblo con la complicidad de los grandes medios, tanto opositores como oficialistas. Denunciamos el papel de Clarín  y los grandes medios de comunicación que el 26 de junio difundieron la versión oficial de que los piqueteros “se mataron entre ellos”, versión que fue desbaratada por la movilización popular y por el compromiso de los trabajadores de prensa.

Luchamos contra la impunidad y por eso también reclamamos por la aparición con vida de Julio López, por el esclarecimiento del asesinato de Silvia Suppo, por la aparición de Luciano Arruga, por el castigo a Sobisch por el asesinato de Carlos Fuentealba,  para que caiga hasta el último responsable del asesinato de Mariano Ferreira y de los muertos de Libertador General San Martín, por los hermanos Qom en Formosa y por la masacre de Rosario, contra la impunidad de las policías provinciales y federal que junto con la gendarmería mata a miles de pibas y pibes de los barrios populares.

Exigimos justicia para las 51 víctimas de la masacre de TBA, que son víctimas de los negociados y la inoperancia de los empresarios apañados por el Gobierno. Apoyamos la lucha de los trabajadores ferroviarios que vienen denunciando el desguace del sistema de ferrocarriles y recuperando espacios contra la burocracia entreguista.

Apoyamos y compartimos la lucha contra la minería depredadora y contaminante junto a las asambleas y organizaciones de Andalgalá, Famatina, Amaycha del Valle, Belén y Tinogasta. Repudiamos la represión de los gobiernos nacional y provinciales al servicio de las corporaciones mineras.

Recientemente, con los allanamientos a la empresa Ledesma quedó evidenciada su complicidad con los crímenes y desapariciones durante la última dictadura militar, y su vigilancia, persecución y represión a los sin tierra y al sindicato de trabajadores de la empresa. El juicio a Blaquier –socio privilegiado del gobierno y beneficiario de subsidios millonarios- es una victoria de la movilización popular encabezada por los pueblos de Libertador y los trabajadores del Ingenio.

Reivindicamos las jornadas de lucha y piquetes en Mosconi, Tartagal, Cutral-Có, Plaza Huincul, porque han sido expresiones de resistencia de nuestra clase a la entrega de los recursos petroleros y gasíferos, la desocupación y empobrecimiento masivo, perpetrados por el menemismo y también por la mayor parte del actual elenco gobernante que integraba sus filas.

Los únicos defensores genuinos de nuestros recursos, patrimonio y derechos hemos sido los trabajadores, trabajadoras y el pueblo, que no hacemos alianza con los grupos económicos que han depredado nuestro país y Latinoamérica. Ahora, el gobierno nacional pretende presentar su política sobre YPF como una política de soberanía nacional. Necesitamos expropiar sin pago y estatizar nuestros recursos energéticos bajo control de los trabajadores y y el pueblo, no repetir la entrega con trasnacionales como las imperialistas Exxon, Chevron, Total, SINOPEC, o de grupos monopólicos como los socios de Petrobrás, la Panamerican Energy, Cristóbal López y compañía.

Frente a la continua agresión al pueblo trabajador, oponemos memoria, denuncia, programa y lucha. Vamos a seguir exigiendo justicia y luchando por Darío y por Maxi, por los 30 mil compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, por los más de 50 asesinados en democracia en protestas sociales; por los más de 3 mil asesinados por “gatillo fácil” desde 1983. Seguiremos luchando para revertir esta realidad con la que quieren condicionar el futuro de nuestro pueblo.

Hoy los pueblos seguimos levantándonos y mostrando el camino, enfrentando las crisis capitalistas que generan ellos y nos quieren hacer pagar a nosotros y a nosotras. Los gritos de indignación y resistencia, las rebeliones populares, recorren el mundo, desde Medio Oriente y el Norte de África hasta la vieja Europa, donde se vuelcan millones a las calles para decir ¡basta! En nuestra América Latina los pueblos siguen resistiendo y acumulando fuerza frente a las embestidas imperialistas y particularmente contra la megaminería que en este mes se ha cobrado varias vidas de luchadores en Perú. En la Argentina la lucha por que la crisis no la paguen los trabajadores y las trabajadoras nos encuentra enfrentando al ajuste que ejecuta el gobierno, rechazando los topes salariales a las paritarias por debajo de la inflación, rechazando también la política de aumentar tarifas e impuestos contra los trabajadores y enfrentando los despidos y suspensiones.

Denunciamos también la continuidad de la represión, ahora solapada con un discurso conciliador pero que en la práctica se traduce en el sostenimiento de patotas para no pagar con el costo político de los aprietes, la tercerización de la represión, el escandaloso Proyecto X de persecución e inteligencia a los trabajadores y trabajadoras organizados y a las organizaciones políticas en lucha, la aprobación de la ley antiterrorista y como frutilla del postre el vergonzoso acuerdo con Estados Unidos para instalar una base militar en Chaco.

La lucha de Darío y Maxi es nuestra lucha. Es la lucha por una transformación social que termine con las condiciones de hambre, miseria, desocupación y explotación que nos oprimen. Es la solidaridad y el compromiso con la compañera y el compañero con quienes salimos a luchar, y la intransigencia y consecuencia en esta pelea.

Por eso y para eso lucharon Darío y Maxi; por eso y para eso seguiremos adelante. La sangre derramada no se perdona, no se olvida, no se negocia.

A 10 Años de la Masacre de Avellaneda, exigimos:

      JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLITICOS Y MATERIALES DE LA MASACRE DE AVELLANEDA.

      DE DUHALDE A LOS KIRCHNER 10 AÑOS DE IMPUNIDAD.
CARCEL YA A DUHALDE, SOLA, FERNANDEZ, VANOSSI, J.J. ALVAREZ.

      BASTA DE REPRESION, ESPIONAJE Y JUDICIALIZACION, ABAJO EL PROYECTO X Y LA LEY ANTITERRORISTA.

      JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES   POR EL ASESINATO DE MARIANO FERREYRA. EXIGIMOS JUSTICIA POR EL ASESINATO DE CARLOS FUENTEALBA, DE LOS HERMANOS QOM EN FORMOSA, POR LOS ASESINADOS EN LAS TOMAS DE TIERRAS DEL INGENIO LEDESMA,  EN EL INDOAMERICANO, EN ROSARIO A PRINCIPIO DE 2012 ASI COMO LA ULTIMA SEMANA CON EL CASO CESAR OVIEDO.

      EXIGIMOS LA APARICIÓN CON VIDA DE JORGE JULIO LÓPEZ Y LUCIANO ARRUGA.

      QUE LA CRISIS NO LA PAGUEN LOS TRABAJADORES NI EL PUEBLO.
BASTA DE AJUSTE Y SAQUEO DEL GOBIERNO K Y  LAS MULTINACIONALES

      JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLITICOS Y ECONÓMICOS DEL GENOCIDIO, CARCEL  A BLAQUIER, SOCIO DEL GOBIERNO.

      BASTA DE PRECARIZACION LABORAL.

      POR TRABAJO GENUINO, BASTA DE DESOCUPACION.

      FUERA LA BUROCRACIA SINDICAL.

      CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLITICOS Y EMPRESARIALES DE LA MASACRE DE ONCE, RESTATIZACION DE TODOS LOS FERROCARRILES  BAJO CONTROL DE SUS TRABAJADORES Y USUARIOS.

      NO A LA MEGA MINERIA CONTAMINANTE. BASTA DE SAQUEO Y DEPREDACION DE NUESTROS RECURSOS NATURALES.

HOY COMO SIEMPRE
¡¡¡¡DARÍO SANTILLÁN, PRESENTE!!!!!
¡¡¡¡ MAXIMILANO KOSTEKI, PRESENTE!!!!!