Claudio Katz
La desaceleración de la economía argentina es ya visible en
muchos terrenos. La tasa del crecimiento sufre una abrupta caída y en los
próximos meses se sabrá si el estancamiento desemboca en recesión. Hay un
repliegue de la industria y la construcción que acentúa la escasa creación de
empleo de los últimos años y posibilita la destrucción de puesto de trabajo.
COYUNTURA Y PRONOSTICOS
Existen opiniones contrapuestas sobre la duración e
intensidad del freno económico. Algunos analistas estiman que la paralización
productiva será corta, si en el semestre en curso repunta el nivel de actividad
del principal socio del país. Consideran que las medidas de estimulo fiscal
adoptadas por el gobierno brasileño repercutirán positivamente sobre Argentina.
También pronostican que el ciclo ascendente se reabrirá en el 2013, si se
confirman las previsiones de cosecha récord con precios elevados. El aluvión de
dólares resultante de esas ventas aliviaría las necesidades fiscales, en un
ejercicio con menores vencimientos de la deuda pública.
Otros economistas
describen un horizonte más sombrío, tanto por el agotamiento del ciclo
precedente como por la ausencia de inversión privada. Pero nadie avizora la
reaparición de una situación de colapso semejante al 2001-02. Se debate el
alcance que tendría una recesión, tomando la caída del 2009 como referencia
comparativa.
Resulta muy difícil
explicar la coyuntura actual partiendo de un diagnóstico oficial, que retrata
como “se nos cayó el mundo encima”. En los hechos ese impacto externo es
limitado. Es cierto que el estancamiento de Brasil afecta seriamente a la
exportación industrial. Pero la debacle europea tiene consecuencias reducidas y
el relativo aislamiento del sistema financiero local, neutraliza los efectos
del temblor bancario internacional.
Por otra parte, los
precios por tonelada de la principal exportación argentina se ubican en un
impensado récord de los 600 dólares por causas climáticas (sequía en Estados
Unidos) y financieras (especulación con las materias primas). La duración de
esa sorprendente apreciación es impredecible, pero contribuye a sostener la
mejora del 24% que han registrado los términos de intercambio comercial desde
el 2007.
Los economistas del
oficialismo relativizan estos datos y estiman que Argentina capea la tormenta
global por su acertado manejo de las variables macro-económicas. Contrastan
este comando con la desastrosa gestión que prevalece en la periferia europea.
Comparan ambas situaciones y remarcan la capacidad que ha exhibido el país para
enfrentar el mismo temporal, “sin recurrir al ajuste” .
Esta caracterización no aclara por qué razón los gobiernos
neoliberales de América Latina (Chile, Colombia, México, Perú), tampoco
atraviesan por un período de ajuste. Afrontan una coyuntura parecida a la
Argentina, aplicando estrategias económicas de apertura, privatización y
flexibilidad laboral semejantes a sus pares europeos.
Es evidente que la
crisis global tiene impactos distintos en cada región, en función del ciclo o
la inserción financiero-comercial de cada país en la economía mundial. Por las
mismas razones que la crisis capitalista incide en forma divergente en Estados
Unidos y en China o en la India y Francia, la situación de América Latina
difiere de Europa. Para comprender este contraste hay que evitar las analogías
superficiales, que sólo buscan ponderar los méritos de una política económica
en desmedro de otra .
El contrapunto entre
Grecia o España con Argentina no es válido. Se equiparan economías que afrontan
contextos objetivos muy disímiles. Lo pertinente sería contrastar la situación
actual de esos países con nuestro colapso del 2001-02. Sólo en ese momento
Argentina soportaba un desmoronamiento equivalente y conviene recordar que
durante ese desplome, todos los oficialistas de turno (del PJ o la Alianza)
eran ejecutores del ajuste. Sólo adoptaron la bandera del crecimiento cuando la
crisis amainó.
El uso de la tormenta
financiera global como argumento político de ocasión, induce a manipular las
evaluaciones, en función de las conveniencias del momento. La misma coyuntura
es utilizada para magnificar el torbellino (y justificar por ejemplo el
adelantamiento de las elecciones) o para resaltar lo opuesto: la fortaleza de
un modelo “blindado” frente a cualquier avatar internacional.
El análisis serio de
lo que está ocurriendo exige, en cambio, constatar el efecto contradictorio de
la crisis mundial sobre la economía argentina y las grietas internas del modelo
actual. Este esquema ya dejó atrás el primer periodo de expansión sin
obstáculos (2003-2008) y la segunda etapa de acotados desajustes (2009-2011).
TRES FOCOS DE TENSIÓN
La inflación es el primer problema específico de la economía
nacional. El absurdo encubrimiento de la carestía que realiza el INDEC impide
transparentar la gravedad de este flagelo. Los índices provinciales ubican el
ascenso de los precios en torno al 23% anual y otras mediciones (encuestadoras
privadas, índices barriales, cálculos del Congreso, consultoras oficialistas)
estiman porcentajes semejantes.
La inflación está
recreando un alarmante nivel de pobreza e indigencia y tiende a licuar la
asignación universal. Podría incluso impactar sobre los salarios del sector
formal, al des-actualizar los montos recientemente negociados en las
convenciones colectivas. Lo que se acordó en las paritarias perderá vigencia si
persiste la escalada de los precios. Este efecto puede ser muy significativo
para la mitad de los asalariados en blanco que gana menos de 4000 pesos.
Muchos determinantes
se conjugan para producir el resultado inflacionario, pero los precios
principalmente aumentan para mantener la rentabilidad de las grandes empresas.
Los grupos capitalistas concentrados aseguran sus beneficios con remarcaciones.
Desde el 2008 la
inflación ha reflejado fuertes restricciones de la oferta, que a su vez derivan
del reducido nivel de inversión. Los precios han ascendido por una baja
provisión de productos frente a una demanda recompuesta. Con la misma capacidad
instalada ya no se pueden satisfacer mayores pedidos de compra.
También la creciente
emisión monetaria comienza a emerger como un acelerador potencial de inflación.
El ritmo de creación de dinero se ha multiplicado y la cantidad de pesos en
circulación puede motorizar, como en el pasado, una inercia ascendente de los
precios.
El segundo problema
importante de la coyuntura es la continuada salida de capitales. Por pagos la
deuda y remisiones de utilidades, el año pasado emigraron 13.500 millones de
dólares, es decir el equivalente a todo el excedente comercial. Entre fines del
2007 y octubre 2011, el monto total de esos retiros alcanzó 80.000 millones de
dólares. Esta sangría sólo quedó neutralizada por los 100.000 millones de
dólares que generó la exportación.
La magnitud de esa
salida de capitales obedece a múltiples razones. Las filiales locales de las
empresas extranjeras transfirieron enormes sumas de dinero a sus casas
matrices, para compensar el deterioro imperante en las economías centrales.
Además, muchas empresas locales continuaron diversificando inversiones en el exterior,
mientras resguardan parte de su capital fuera del país.
La industria volvió a
enfrentar, por otra parte, el típico cuello de botella externo que irrumpe al
cabo de un ciclo de prosperidad. En esos períodos se acentúa el déficit
comercial de un sector que consume muchas divisas con la importación de
componentes. Finalmente, la inédita avalancha de compras externas de
combustible que produjo la decreciente provisión interna de petróleo, determinó
otro caudal de dólares perdidos.
La continuada expectativa
de devaluación que genera la brecha cambiaria acentúa la emigración de
capitales. El denominado “retraso del dólar” obedece en realidad a un “adelanto
de la inflación”, que ha desarticulado la relación entre ambas variables. Desde
el 2007 la cotización de la divisa se apreció un 43%, frente a una escala de
189% de los precios internos.
El tercer problema
severo del contexto actual es el desequilibrio fiscal. El superávit fiscal
primario se ha esfumado, cualquiera sea la interpretación técnica del cómputo
del desbalance (por el financiamiento que realizan el Banco Central y el
ANSES). El excedente que rodeó al debut del modelo ha desaparecido y el
gobierno recurre a múltiples instrumentos para compensar esa pérdida.
La ausencia de
reformas impositivas progresivas es la principal causa del bache fiscal. Este
cambio en la recaudación resulta indispensable para equilibrar con nuevos
ingresos, la significativa ampliación del gasto público. La perdurabilidad del
viejo sistema regresivo ha dado lugar en los últimos años un desfasaje
insostenible, por la magnitud de los desembolsos oficiales en dos rubros muy
deficitarios (energía y transporte).
El deterioro fiscal
afecta duramente a las provincias, que incrementaron sustancialmente el empleo
público (de 764.000 a 1,2 millones de empleados entre 2003 y 2012) y ahora no
pueden financiar esa expansión. La plantilla salarial absorbe más de la mitad
de esos presupuestos. El des-financiamiento provincial se acentuó, además, por
la pérdida de los porcentuales recibidos en concepto de coparticipación
federal. Este ingreso se redujo primero del 50,6% del total (1993), al 34 %
(2009) y últimamente al 32,7% (2011)). Frente al enorme rojo que afecta a las
cuentas públicas de todo el interior resulta poco creíble la explicación
presidencial, que atribuye el desbalance a la ineficiencia de los gobernadores.
Esa interpretación
omite que las mismas limitaciones fiscales golpean al gobierno nacional. Estas
dificultades ejemplo han determinado, por ejemplo, el retraso en la adaptación
del mínimo no imponible al aumento de los salarios. Por esta razón la
incidencia del impuesto a las ganancias sobre los sueldos se ha transformado en
un problema de envergadura. Más de 3 millones de trabajadores tributan un
gravamen formalmente destinado a los beneficios empresarios. En muchos casos
ese pago absorbe un aguinaldo entero.
Las consecuencias de
preservar un sistema tributario tan regresivo saltan a la vista. Las exenciones
a la renta financiera y a las industrias promocionadas le restan anualmente al
fisco 8900 millones de pesos. Esta suma supera con creces el costo fiscal de
3000 millones de pesos, que implicaría eliminar un gravamen a salarios
tipificados como beneficios.
Pero lo peor es la
justificación oficialista de este impuesto como una penalidad a la
“aristocracia obrera”. Afirman que este sector mejoró su nivel de ingresos y
debe ampliar su contribución impositiva. Con ese criterio se supone que la
equidad avanzará con tributos a los trabajadores calificados y eximiciones a
los financistas.
Hace algunos se
utilizaba el mismo razonamiento para avalar el arancelamiento de las
universidades estatales. Se afirmaba que la clase media debe pagar más que los
pobres por el uso de un servicio público. De esta forma se iguala para abajo y
elude eliminar los privilegios impositivos que amparan a los grupos
enriquecidos.
EL DISFRAZ DEL AJUSTE
La inflación, la salida de capitales y el déficit fiscal han
complicado el escenario económico. El establishment presiona al gobierno para
que implemente un fuerte atropello contra los trabajadores. Desde noviembre
pasado hacen valer esa exigencia en el mercado cambiario, a través de grandes
compras de dólares.
Los hombres de
negocios plantean tres reclamos -corte de la emisión, devaluación y
re-endeudamiento- a través de viejos voceros, que han vuelto a la pantalla
(desde Broda hasta Cavallo). Despliegan sus recomendaciones apostando a la
amnesia colectiva de lo ocurrido en los 90.
Los antiguos expertos
de la Convertibilidad despotrican contra restricciones a las libertades
económicas individuales, como si la economía capitalista funcionara sin
estrictas regulaciones. Repiten la trillada comparación de la economía
doméstica con su equivalente nacional, para recordar que “no se puede gastar
más de lo que ingresa”. Pero no sólo olvidan sus récords de endeudamiento.
Omiten la diferencia cualitativa que separa a una familia -con recursos
acotados- de un estado, con capacidad para incidir sobre el nivel general de
actividad mediante políticas macro-económicas.
Los derechistas
pronostican el “rodrigazo” y lo impulsan en la práctica. Buscan la
auto-destrucción del gobierno actual, fantaseando con el retorno del
neoliberalismo ortodoxo. Ante el desmoronamiento de las economías que elogiaban
en la década pasada (como España o Irlanda), ahora convocan a imitar el modelo
chileno, peruano o colombiano.
Pero lo más chocante
es su despliegue de hipocresía. Los apologistas del libre-comercio cuestionan
la “soja-dependencia” (Melconian). Los antiguos voceros de las AFJP alertan
contra el “derroche del dinero de los jubilados”. Los emporios periodísticos
que lucraban con la privatización del sistema previsional titulan con las
desgracias de la clase pasiva (Clarín). Los ex gerentes de bancos
norteamericanos denuncian el aumento del endeudamiento público (Prat Gay).
Algunos ajustadores
reclaman directamente la devaluación (López Murhpy). Otros proponen lo mismo
con fórmulas más elegantes. Hablan de “corrección cambiaria” (Frenkel), “ordenamiento
de las variables desajustadas” (Lavagna) o eliminación del “cepo cambiario”
(Llach). Todos ocultan que esa medida provocaría un deterioro inmediato de los
ingresos populares .
Ninguno propone
reducir la inflación acotando la rentabilidad de los capitalistas. Recetan un
enfriamiento de la economía que denominan “política antiinflacionaria eficaz”
(Rapaport Luis), o “sinceramiento de los precios” (Frigerio). Tampoco se les
ocurre corregir el déficit fiscal cortando las subvenciones a los grandes
grupos. Sólo convocan a terminar con “la fiesta del gasto público”
(Oppenheimer). Su verdadero objetivo es anular las mejoras sociales logradas en
los últimos años .
Los derechistas
consideran pecaminoso reducir el desbalance de las cuentas públicos con algún
impuesto a los acaudalados. Por esta razón pusieron el grito en el cielo, ante
el tibio revalúo rural realizado en la provincia de Buenos Aires, para
actualizar valores de terrenos que tributaban siete veces menos que en 1984.
Los economistas del
establishment han hecho también un escándalo por el control de las
importaciones (Sturzenegger), omitiendo que estas restricciones son la norma en
sus ponderadas economías centrales. Algunos diarios (La Nación) llegan al
extremo de advertir contra represalias norteamericanas o europeas, ignorando
las barreras arancelarias que traban el ingreso de exportaciones argentinas a
esos países .
Para enmascarar el
programa de ajuste los medios de comunicación utilizan un concepto mágico:
“recuperar la confianza”. No aclaran que esa ansiada seguridad está
exclusivamente dirigida a los grandes capitalistas. Su obsesión es “mejorar el
clima de los negocios” con mayores protecciones a las ganancias.
Los derechistas hacen
campaña para reemplazar “la mala praxis” de la gestión actual por el manejo
experimentado de los viejos gerentes del poder económico. Suponen que la
satisfacción de los banqueros y los industriales asegura el funcionamiento
óptimo del sistema. Todavía no han percibido que la crisis global estalló con
la aplicación de esas recomendaciones, durante dos décadas de irrestricta
práctica neoliberal.
LAS OSCILACIONES DEL OFICIALISMO.
El gobierno ignora públicamente los problemas de la economía
y difunde un imaginario escenario de prosperidad. Pero en los hechos toma en
cuenta la agenda de los poderosos y ha oscilado entre el ajuste dosificado y
acotado (“sintonía fina”) y el reciclaje de la reactivación con inflación.
Vacila entre ambos rumbos y desenvuelve una administración a los tumbos, con
gran dosis de improvisación.
Hasta marzo pasado
impulsaba el torniquete, mediante la fijación de estrictos techos a los
aumentos salariales (18%). Los discursos contra los sindicatos y las huelgas
pavimentaban ese camino. Con ese propósito se descalificó la lucha social y se
multiplicaron las convocatorias a la pasividad de los trabajadores (“en Europa
no bloquean el Palacio de la Moncloa”).
Pero la suscripción
de los convenios colectivos con aumentos superiores al 23% debilitó esa
estrategia. Los indicios de resistencia popular y un contexto adverso a la
confrontación con los asalariados, indujo al gobierno a cajonear su proyecto
inicial. La conmoción creada por la tragedia de Once definió el viraje que
debutó con la postergación del tarifazo al transporte.
La “sintonía fina” ha
quedado reemplazada por un nuevo ensayo de reactivación basado en el consumo.
La creciente gravitación del equipo de Kicilof confirma la preeminencia de esta
opción. Apuestan a una desaceleración corta de la economía y a superar el bache
actual con la misma política anti-cíclica que se aplicó en el 2009.
Pero la viabilidad de
esta repetición es dudosa. Hace tres años existían amplios recursos fiscales y
recién comenzaba la salida de capitales y la aceleración de la inflación. El
colchón para adoptar medidas de gran impacto (como fue la asignación por hijo)
se ha reducido y las negociaciones con las empresas -para limitar los despidos
a cambio de subsidios- serán complejas. Estas tratativas no han servido,
además, para atenuar la remarcación de precios o remontar la caída de la
inversión privada.
El gobierno intenta
incentivar la demanda, regulando el ciclo y alentando la producción. Pero se
han acumulado demasiados antecedentes de aplicación tardía y eficacia
decreciente de esas medidas. No es lo mismo ensayar en el 2012 lo que debía
instrumentarse en el 2005 o el 2007. Este desfasaje se verifica en numerosos
terrenos.
El equipo gobernante
ha decidido, en primer lugar, eludir la devaluación mediante una mayor
pesificación de la economía. El objetivo declarado es canalizar los dólares
circulantes hacia la actividad productiva y resguardar las divisas. Algunos
economistas realzan, además, la necesidad patriótica de recuperar la primacía
de la moneda nacional y convocan a ignorar los vaivenes del mercado paralelo .
Pero la pesificación
comienza cuando ya salieron gran parte de los dólares que debían custodiarse.
Se toleró la fuga de capital, la remisión de utilidades y las erogaciones
multimillonarias para adquirir combustible importado. Es indudable que el
control de cambios es el punto de partida de una política de protección de la
economía nacional frente a la inestabilidad global. Pero ese objetivo no se
logra con acciones espasmódicas, arbitrarias y provisionales.
Un segundo ejemplo de
reacción tardía es el anuncio de un plan de créditos para las viviendas, luego
de años de aliento a construcciones de lujo, que encarecieron la propiedad
urbana imposibilitando su acceso a los sectores populares. El nuevo programa no
se financiará con impuestos a los capitalistas que se enriquecieron con la
expansión inmobiliaria, sino con fondos del ANSES. Se argumenta que volcando
esa reserva a la construcción habrá reanimación de la economía y mayor caudal
de dinero para pagos futuros de las jubilaciones. Pero los mayores de edad
necesitan mejoras inmediatas y no pueden esperar los frutos de esa prosperidad.
Si bien la cobertura
total de la población se elevó significativamente (del 68% en el 2005 al 91% en
el 2010), las jubilaciones promedio rondan el 40-50% del sueldo medio. El 75%
cobra la mínima y muchos padecen la licuación de haberes sufrida entre el 2002
y el 2006. Existen, además, 266.000 juicios en espera de resolución y cada año
se abona sólo un cuarto de las sentencias firmes. Es cierto que el dinero del
ANSES debe ser invertido en actividades productivas internas, pero la prioridad
es saldar las deudas pendientes con los mayores.
Si continúa, además,
la utilización de los recursos de la previsión social para los gastos
corrientes del estado (asignación universal, programa conectar, déficit de
provincias), el Fondo de Sustentabilidad corre un serio riesgo depreciación. El
año pasado aumentó 12,1% frente a una inflación de 24%.
La decisión de
obligar a los bancos a destinar un porcentaje de su cartera a los créditos de
inversión, constituye un tercer ejemplo de medidas tardías e insuficientes.
Durante años el discurso industrialista no tuvo eco real en la actividad
financiera. Los bancos ganaron fortunas con préstamos al consumo y operaciones
de intermediación con títulos públicos.
Algunos economistas
señalan que las nuevas medidas de orientación crediticia son factibles recién
ahora, que concluyó la reforma a la carta orgánica del Banco Central. Afirman
que estos cambios amplían la posibilidad de utilizar las reservas en políticas
anti-cíclicas. Sostienen que se puede finalmente adaptar la cantidad de dinero
a las necesidades de la economía y no sólo a las metas de inflación .
Cumplir con esos
objetivos exigiría nítidas prioridades productivas para el uso de las reservas.
Es cierto que se han eliminado los vestigios de convertibilidad y los ficticios
criterios de independencia del BCRA. Pero se aceptan otros condicionamientos de
gran envergadura, como son los pagos de la deuda externa con dólares
atesorados. Se utiliza, además, una retórica engañosa para justificar esas
erogaciones. La reciente la cancelación del BODEN 2012 constituye el ejemplo
más reciente de esta actitud.
La medida fue
presentada como un acto patriótico (“sin deuda somos más libres”), que zanja
una herencia ajena (“terminamos de pagar el corralito que nos dejaron otros”).
Pero en los hechos se convalidó la socialización de pérdidas que ocasionó la
devaluación con pesificación asimétrica del 2002. Esta compensación favoreció
mucho más a los bancos que a los ahorristas, puesto que sólo el 23% del segundo
grupo pudo retener los títulos. La mayoría debió liquidarlos a bajos precios.
El pago de ese
emblemático bono efectivamente aumentó la autonomía del gobierno para gestionar
las finanzas públicas. Lo mismo ocurrió con la cancelación anticipada de la
deuda al FMI. Pero lo importante es notar como ese margen de acción es
utilizado para favorecer a los grupos capitalistas más concentrados.
El manejo de la
actividad petrolera constituye un cuarto ejemplo de abordaje a destiempo de los
problemas, achacando la culpa a otros. Durante ocho años el gobierno desoyó las
incontables denuncias del saqueo perpetrado por REPSOL. Se elogiaba a la
empresa, convalidando un vaciamiento que sólo en la Cuenca Neuquina dejó una
deuda ambiental 5000 millones de dólares. La estatización sobrevino cuando la
pérdida del auto-abastecimiento, la caída de las reservas y los gastos de
importaciones crearon una situación insostenible.
La estrategia
petrolera actual constituye una gran incógnita. Por un lado, se designó al
frente de YPF a un gerente de las petroleras privadas (Gallucio), que aspira a
concertar contratos privilegiados con esas compañías, aumentando los precios en
boca de pozo. Por otra parte, se ha extendido el control estatal sobre todas
las inversiones y ganancias del sector, revirtiendo la libre-disponibilidad del
crudo, mientras se suscriben interesantes convenios de asociación con PDVSA.
Estos vaivenes en el manejo de los hidrocarburos siguen la misma pauta
ambivalente que impera en el ámbito de la moneda, la producción o las finanzas.
AFINIDADES ENTRE DOS MODELOS
La política económica del kirchnerismo oscila junto a los
grandes desequilibrios que afectan a la economía argentina. El oficialismo
intenta gestionar estas tensiones sin revertir sus causas. No modifica la
fragilidad de la estructura productiva nacional y en varios terrenos acentúa
esa vulnerabilidad.
El modelo avala la
creciente dependencia de un mono-cultivo que expande su preeminencia. La soja
se extiende con deforestación y agro-tóxicos hacia toda la superficie agrícola,
generando desalojo de campesinos, concentración de tierra y reducción del
número de explotaciones.
El mismo impacto
produce la ampliación de la mega-minería a cielo abierto, que amenaza la
provisión del agua proveniente de los glaciares. Esta actividad destruye
cultivos tradicionales y afianza “economías de enclave” manejadas por compañías
transnacionales, que no generan empleo, ni pagan impuestos acordes a su
actividad. Este perfil extractivo ha quedado agravado por la escasez de
combustible, que sucedió a la pérdida del auto-abastecimiento. La falta de
petróleo y gas obstruye el desenvolvimiento de la economía.
Al cabo de ocho años
de alto crecimiento tampoco se observa un efectivo repunte de la industria. El
sector manufacturero se ha expandido bajo el impulso de los vaivenes cíclicos,
sin corregir su escasa diversificación, elevada concentración, continuada
extranjerización y sistemática transferencia de utilidades al exterior.
Por estas razones
reaparecieron las viejas restricciones que afectan a un sector altamente
dependiente, sectorialmente fracturado y comercialmente deficitario. Las
importaciones aumentan a un ritmo superior a las ventas externas y perdura la
decreciente integración de componentes nacionales.
El modelo funciona
convalidando una lógica capitalista de alta rentabilidad, que promueve la
fabricación de autos en lugar de trenes y la construcción de torres
residenciales, en desmedro de complejos habitaciones populares. Se ha
privilegiado el consumo de altos ingreso y no el desarrollo productivo.
Es cierto que en este
marco se consumó la recuperación de importantes conquistas populares. La
política oficial convalidó, en este terreno, la vigencia de relaciones sociales
de fuerza más favorables a los asalariados. Por esta razón los sueldos del
sector formal aumentaron al compás de la inflación. Pero esos logros de los
trabajadores registrados no se han extendido al resto de los asalariados. Al
contrario se afianza la fractura entre empleados inscriptos con protección
social y precarizados carentes de cualquier cobertura.
La masa de informales
continúa padeciendo terribles condiciones de explotación laboral y paupérrimos
ingresos. La existencia de un gasto social mayúsculo confirma la gravitación
del asistencialismo y la escasa inclusión de los desamparados. La desigualdad
se mantiene en niveles semejantes a la mitad de los 90 y sería ingenuo suponer
que el modelo es ajeno estos resultados.
Algunos partidarios
del oficialismo ignoran estos problemas, otros repiten el latiguillo de la
“herencia recibida” y ciertos analistas estima que las dificultades son mucho
menores que los logros alcanzados. Sustentan esta opinión en el fuerte rechazo
que suscita el modelo entre los críticos derechistas y el significativo elogio
que despierta entre los economistas progresistas del exterior. Estiman que
ambas reacciones corroboran el tránsito por el buen sendero .
Pero este contrapunto
sólo ilustra cómo se han polarizado las opiniones entre el esquema
neo-desarrollista vigente y los planteos de la ortodoxia neoliberal. Estas dos
opciones son vistas como los únicos cursos factibles y por eso se debate
exclusivamente las diferencias entre ambos modelos. Las distinciones más
resaltadas son la política económica (tracción de la economía por la demanda o
la inversión), la gestión del estado (regulación o privatización) y los
intereses dominantes en disputa (grupos agro-industriales versus financistas) .
Pero al enfatizar
sólo esas divergencias se pierde de vista los múltiples vasos comunicantes que
enlazan a los dos proyectos. Este parentesco obedece en gran medida a la
impronta conservadora que presenta el neo-desarrollismo contemporáneo. Esta
corriente es reacia a cualquier redistribución real de los ingresos, que mejore
el nivel de vida popular a costa de los beneficios empresarios. Por esta razón no
reduce la desigualdad con medidas de progresividad impositiva.
La brecha social no
podrá achicarse sin afectar las ganancias que el modelo actual promueve, como
un motor del desarrollo económico. Los teóricos neo-desarrollistas desconocen
este hecho porque mantienen una mirada idílica del capitalismo y suponen que el
aliento del lucro es plenamente compatible con mejoras significativas y
sustentables de las mayorías populares. Pregonan el avance hacia el bienestar
de todos los ciudadanos mediante el perfeccionamiento de las instituciones
políticas vigentes, como si los conflictos sociales y los antagonismos de
clases fueran anécdotas del pasado.
El neo-desarrollismo
argentino constituye la avanzada regional de una concepción que está ganando
terreno en varios países latinoamericanos, ante el creciente desprestigio del
neoliberalismo. Comienza incluso a prosperar en Brasil, a través de una
modalidad hibrida que despuntó en el segundo mandato de Lula .
A diferencia del
viejo desarrollismo, sus promotores actuales subordinan la industrialización a
la exportación de bienes primarios y no canalizan la renta captada por el
estado, hacia el desarrollo de empresas públicas. Tampoco jerarquizan el
mercado interno y aceptan la reinserción pasiva de América Latina como
proveedor internacional de minerales, alimentos o combustible.
El neo-desarrollismo
sintoniza con los sectores de las clases dominantes que han internacionalizado
sus fuentes de lucro. Promueve los negocios de estos grupos mediante
intervenciones más activas del estado, mayor coordinación regional y creciente
autonomía financiera. Inscribe todos sus proyectos en la nueva etapa de
mundialización capitalista y abandonó las veleidades antiimperialistas del
pasado.
¿RESURGIRÁ LA BURGUESÍA NACIONAL?
Los defensores del modelo ponderan la recuperación de un
manejo soberano de la economía, pero nunca aclaran quiénes son los principales
beneficiarios de esa gestión. En lugar de especificar estos sujetos responden
con generalidades (toda la sociedad), con reminiscencias nacionalistas (el
país, la patria) o con alusiones tangenciales a las mayorías (el pueblo). Sólo
algunos economistas reconocen que el principal objetivo social del esquema en
curso es recrear la burguesía nacional, que tantas veces ponderó Kirchner.
Pero este propósito
choca con la inexistencia de grupos capitalistas de envergadura exclusivamente
centrados en la acumulación local y el mercado interno. Los distintos segmentos
de ese empresariado ya no ocupan lugares preeminentes en la cúspide del poder
económico. El establishment ha quedado muy configurado por grupos exportadores
y firmas diversificadas, con grandes capitales e intereses en el exterior.
En los últimos ocho
años se utilizaron cuantiosos recursos del estado para alentar el resurgimiento
de la burguesía nacional, esperando que apuntale el desenvolvimiento del
modelo. Esas subvenciones fueron íntegramente costeadas por los sectores
populares y el resultado ha sido decepcionante. Nuevamente se repitió la
infructuosa experiencia de un “capitalismo de amigos”, que dilapida recursos y
obstruye la industrialización. Analistas muy afines al esquema actual reconocen
este fallido resultado .
La sucesión de
escándalos de corrupción constituye una expresión de este fracaso. Las coimas
son un condimento insoslayable de cualquier estrategia de forjar una clase capitalistas
con prebendas del sector público. Pero el montaje de negocios paralelos a la
regulación estatal ha florecido, sin ninguna contrapartida de inversión privada
o expansión productiva.
El caso Ciccione
representa el más reciente de estos negociados. Como involucra al
vicepresidente -en un tema tan sensible como es la impresión de moneda- alcanzó
gran resonancia. El choque entre el grupo apadrinado por Boudou y el sector
competidor de Boldt (protegidos por varios gobernadores) ha sido acompañado por
la secuencia habitual de enriquecimiento de altos funcionarios. El ruido que
han hecho los medios de comunicación enemistados con el gobierno (como Clarín)
es proporcional al silencio que mantienen, cuando los negociados afectan sus
propios intereses (fondos de pensión, agro-industria, papel prensa).
En cualquier caso, lo
importante es notar la existencia de un gran entramado de grupos capitalistas,
que lucran con el modelo neo-desarrollista sin recrear la esperada burguesía
nacional. Esos sectores son agraciados con subvenciones oficiales que atesoran,
despilfarran o fugan, sin consumar las inversiones que prometen.
Frente a estos
desengaños la reacción oficial ha sido el reemplazo de un incumplidor por otro
sustituto de la misma especie. Últimamente habrían quedado desplazados Britos,
Eurnekian y Mindil, mientras Cristóbal López sigue en carrera y se buscan
nuevos aliados para los baches dejados en varias actividades (petróleo,
electricidad, carreteras) .
Lo ocurrido con el
ferrocarril es particularmente ilustrativo de esta tendencia oficial a
sustituir un socio en desgracia por algún reemplazante de la misma plantilla.
Luego de la tragedia de Once le quitaron la concesión a Cirigliano para
transferírsela a Roggio-Romero. Este enroque preserva la misma estructura
vigente desde hace décadas, con el auspicio mafioso de los mismos funcionarios
y burócratas sindicales integrados a la UGOFE. Se demostró que un “estado
presente” puede resultar tan pernicioso como su contraparte “ausente”, si
contribuye a organizar negociados (Jaime) y a convalidar complicidades
(Schiavi).
Los economistas K
continúan debatiendo por qué razón está bloqueada la reaparición de los
empresariados virtuosos que observan en otras latitudes. Algunos consideran que
existe un determinante histórico difícil de remover, en un país conformado en
torno a la renta agraria. Otros estiman que perfeccionando los sistemas de
control estatal, se logrará modificar el patrón de capitalistas argentinos
reacios a la inversión o al riesgo y acostumbrados al lucro de corto plazo.
Nadie sabe si alguna
vez reaparecerá la esperada burguesía nacional. Pero desojar la margarita tiene
su costo, ya que el gobierno destina monumentales subvenciones a ese proyecto.
Si transparentaran esas cifras resultaría muy difícil defender públicamente
semejante dispendio. En última instancia, el problema económico y social de
Argentina no radica en la modalidad de capitalismo predominante, sino en la
continuidad de un sistema que genera explotación, sufrimientos e injusticias.
Los males del capitalismo no se corrigen buscando otro capitalismo.
CONFUSIONES Y OPORTUNIDADES
La prioridad que asigna el neo-desarrollismo al
fortalecimiento de los grupos empresarios locales, obliga a postergar la
satisfacción de muchas demandas sociales. Los fondos públicos derivados a la
actividad privada son retraídos de su utilización popular. Afortunadamente los
trabajadores y los movimientos sociales continúan con sus peticiones, sin
quedar paralizados por las metas burguesas que auspicia el oficialismo.
Esta intensa práctica
de movilizaciones, piquetes y huelgas continúa junto al importante nivel de
combatividad que caracteriza a los trabajadores argentinos. Pero esta acción no
se traduce proyectos propios, contrapuestos a las distintas vertientes
políticas que propician estrategias neoliberales o neo-desarrollistas. La
gestación de un tercer polo -que rompa el aprisionamiento a esas dos opciones
de las clases dominantes- es una asignatura pendiente de la izquierda y del
progresismo genuino.
Para avanzar en esa
construcción resulta indispensable evitar que las críticas al gobierno se
confundan con los cuestionamientos que propaga la reacción neoliberal. Es vital
explicitar esa diferenciación, en el actual contexto de bombardeo mediático
derechista. El establishment busca difundir la imagen de objeciones uniformes,
complementarias y compatibles de todos los opositores, contra un enemigo
gubernamental común. Esta estrategia de confusión privilegia especialmente la
temática económica.
Durante los últimos
años muchos críticos centroizquierdistas del kirchnerismo coquetearon adrede o
en forma involuntaria con ese operativo. Últimamente esta actitud se ha
modificado, pero no ha desaparecido. Algunos todavía resisten el registro de
las diferencias que separan al gobierno de los neoliberales. Ese
desconocimiento es fatal y conduce al desconcierto, cada vez que el oficialismo
adopta alguna medida limitadamente progresiva (como la reciente expropiación de
YPF). La desubicación es aún mayor entre quiénes repiten el libreto de los
medios contra el “autoritarismo”, la “caja” o el “populismo” presidencial.
En la izquierda se
observan casos más extremos de esta ceguera. Ciertos críticos han invertido por
completo la interpretación de los sucesos económicos y caracterizan a la
pesificación, como el debut de un “rodrigazo” y a la nacionalización de YPF,
como un anticipo de la reprivatización de esa compañía. Emiten, además,
pronósticos de estallidos financiero o cambiario en estricta sintonía con el
guión del establishment .
Esta confusión
proviene de presentar los conflictos que involucran intereses nacionales o
populares, como simples disputas inter-capitalistas. También deriva de la
incapacidad para percibir las conquistas sociales o democráticas que se han obtenido
en los últimos años. Con esa postura no se pueden tender puentes hacia las
mayorías populares, que observan con simpatía al gobierno actual.
A pesar de la
polarización que se ha creado entre el universo K y anti-K, los sectores
politizados de la población escuchan con atención los mensajes de la izquierda
y progresismo. Pero la recepción efectiva de estos planteos en depende de la
calidad y la formulación que tienen esos mensajes .
Hay buenas
condiciones para avanzar hacia la construcción de una tercera alternativa
genuinamente popular. Pero hay que afinar la puntería, mejorar las propuestas
alternativas y profundizar la elaboración colectiva.
7-8-2012
