Mónica Carmona continúa resistiendo los embates de la
precarización laboral. Luego de realizar una huelga de hambre, se encadenó a la
puerta del Municipio de Campo Quijano, ante la falta de respuesta de las
autoridades.
Los episodios comenzaron cuando hace un año atrás, se firmó
un Convenio Colectivo entre la Municipalidad y el Ministerio de Trabajo,
buscando dar por tierra la situación no sólo de Carmona sino de otros cuatro
trabajadores en las mismas condiciones. Como respuesta ante tal situación, el
intendente, Manuel Cornejo, sólo firmó el decreto de incorporación de cuatro de
ellos, exceptuando el pase a planta permanente de Mónica Carmona.
Posteriormente, discriminada y excluida de su derecho a un
trabajo digno, luego de dieciséis años de dedicación como Auxiliar
Administrativa en la Casa de la Cultura, Carmona inició la “medida extrema” de
una huelga de hambre: “Lo responsabilizo socialmente, porque en términos de
derechos humanos, esto es un abandono de persona”, señaló Carmona, luego de
recuperarse de una descompensación que la llevó a estar internada en el
Hospital local.
Los reclamos de organizaciones, gremios y compañeros se
hicieron oír y Carmona accedió a una instancia de diálogo. Sin embargo, tras
una trunca conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo el pasado
lunes, los argumentos de Cornejo ante la imposibilidad de incorporarla a planta
permanente fueron la ausencia de las condiciones financieras, además de
remarcar que Carmona tiene cinco sumarios por irregularidades laborales. Antes
estas declaraciones, la trabajadora denunció: “Esto es una persecución hacia mí
ya hace 5 años y es por cuestiones políticas, en donde nunca están claros los
motivos. Siempre estuve colaborando y trabajando, hasta puse mi vehículo
personal para trabajar”.
Para entender el entramado político detrás de este
conflicto, Cornejo es hijo del legado menemista en la provincia, aliado de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del gobernador Juan Manuel Urtubey.
Miembro del Partido Renovador de Salta (PRS) a través del cual obtuvo la
intendencia, dicho partido fue a las ultimas elecciones aliado con el Frente
para la Victoria (FPV).
Un derecho hasta el extremo
Cuando las voces de los sectores en lucha resuenan y el
poder político de la provincia responde con evasivas ante la falta de
argumentos, Carmona decide redoblar la apuesta. Desde el día de ayer, está
encadenada en la puerta del edificio municipal de Campo Quijano a raíz de la
decisión del intendente del Municipio de dejarla en situación cesante “por
ausencias injustificadas”.
Sin embargo, en diálogo con Marcha, Marcelo Quispe,
integrante del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) menciona que dichas
acusaciones “no han sido comprobadas debidamente, ya que en su último recibo de
sueldo no figuran apercibimientos ni sanciones por llegadas tarde”. Por su
parte, el delegado gremial de los municipales de Campo Quijano, Marcelo Villar,
declaró: “Primero se incumple una negociación colectiva, cansada de no tener
respuesta decidió una medida extrema”, agregando que “el intendente en vez de
buscar una conciliación y bajar los ánimos, sigue en una profundización del
conflicto”.
Carmona asegura que, a partir de los últimos episodios
ocurridos, se pondrá “en contacto con un abogado laboralista para iniciar una
acción judicial contra el Intendente, Manuel Cornejo”. La persecución es de tal
magnitud que compañeras que apoyaron su reclamo -y también se encontraban en
situación de precarización laboral dentro del mismo municipio- fueron
despedidas en estos últimos días, luego de sumarse al acompañamiento de
diversos gremios, familiares y compañeros de trabajo, ante el agravamiento de
su salud en el marco de la huelga de hambre.
Por su parte, el Secretario de ATE Salta, Juan Arroyo,
mencionó que se llevaron adelante esfuerzos en vano para hacer contacto con el
intendente, así como con el ministro de Economía provincial, Carlos Parodi,
quien a su vez los derivó con el secretario de Gobierno, Oscar Rocha Alfaro. Es
decir, las voluntades políticas de un gobierno que se reivindica peronista,
desoyen las necesidades del Pueblo.
Desde el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), junto con la
Asociación Trabajadores del Estado (ATE), se denunciaron irregularidades en
toda la provincia, así como en el mismo municipio en donde se encuentran en la
misma situación otros trabajadores que actualmente cobran 7 pesos la hora.
Quispe habló con Marcha y denunció la gravedad en la que se encuentran Carmona
y muchos otros trabajadores de la provincia: “Ya sea el sector de los
contratados como otro sector que es el de los trabajadores en negro, la
precarización es tremenda” y agregó: “La provincia convoca a muchos
trabajadores que, bajo una situación de vulnerabilidad laboral, aceptan
trabajar en negro: cobran entre 200 y 300 pesos mensuales para hacer
reparaciones y changas. Es decir, son trabajadores que están en una relación
esclava, ya que los llaman cuando quieren”. Quispe a su vez confirmó que el
FPDS va a acompañar en la lucha a todos los reclamos laborales “para exigir la
normalización de las condiciones dignas de trabajo, con una contratación que
reconozca el valor de cada hombre en la sociedad”.
"Nuestra experiencia nos ha enseñado que, sobre todas
las cosas, debemos ser pacientes, perseverantes y decididos. A veces pasan
meses sin que nada aparentemente suceda. Pero si se trabaja con ejercicio de
estas tres cualidades, la tarea siempre ha de fructificar; en una semana, en un
mes o en un año. Nada debe desalentarnos. Nada debe dividirnos. Nada debe
desesperarnos". Agustín Tosco
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