Por José Seoane y Clara Algranati.
América Latina sostuvo
su crecimiento hasta el 2011, y eso alimentó ilusiones de blindaje regional
ante la crisis global. Pero el panorama es mucho menos tranquilizador. La
crisis se expresa hoy en la región como ofensiva extractivista.
Una de las formas en las que se expresa la crisis global en
América Latina y el Caribe es bajo la promoción de un nuevo ciclo de
mercantilización, apropiación y control de una serie de bienes por parte del
gran capital, en especial los que llamamos bienes comunes de la naturaleza.
Hemos bautizado a este proceso con el nombre de ofensiva extractivista. No
tenemos todavía efectiva conciencia de su magnitud y de las fuerzas que la
empujan.
Una evidencia de ello fue la evolución de la Inversión
Extranjera Directa (IED) en la región entre 2008 y 2011, que llegó a volúmenes
récords; entre 70 y 130% más que el promedio ingresado entre 2000 y 2005, según
detalla el trabajo “La inversión extranjera directa en América Latina y el
Caribe”, editado este año por la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL).
En 2011 este incremento fue del 31% respecto al año
anterior, aumentando la participación regional sobre el total mundial, hasta
alcanzar el 10%. Esta IED se orientó mayoritariamente a América del Sur,
especialmente a las actividades vinculadas con la explotación de los bienes de
la naturaleza. En este proceso se destacan las inversiones en la megaminería,
que representaron en 2011 un monto histórico de 140 mil millones de dólares, un
40% más que en 2010 y un 250% superior que en 2003 (Ver "Record en
inversión minera").
Una ofensiva del gran capital sobre los bienes naturales que
no excluye ciertamente a los territorios de otras regiones del llamado Tercer
Mundo. El Banco Mundial, uno de los promotores del proceso global de
mercantilización de la tierra, reconoce que entre 2008 y 2009 fueron arrendadas
o vendidas 56 millones de hectáreas, especialmente en África y América Latina,
resultado de inversiones provenientes en gran parte de los fondos de inversión
trasnacionales. A su vez, la frontera agrícola, particularmente bajo el motor
de la soja transgénica, no ha dejado de expandirse en los últimos años a nivel
regional, consolidando en América del Sur un territorio de soberanía corporativa
que ha recibido el nombre de “República de la Soja”.
Finalmente, esta ofensiva se expresa también en el terreno
global de la crisis climática; por ejemplo, bajo la llamada “economía verde”
impulsada en la pasada Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo
Sustentable (“Río+20”). Una iniciativa que no sólo promueve la ampliación de
los “mercados de carbono” y la producción y uso de los agrocombustibles, sino
también la utilización del agronegocio basado en las tecnologías de
manipulación genética. El empresario sojero argentino Gustavo Grobocopatel, en
un artículo publicado por el diario La Nación el 2 de mayo de 2011, afirmaba:
“cada vez más las plantas se utilizan como biorreactores… [Que]…no sólo
producen alimentos… sino variadas formas de energía, enzimas industriales,
plásticos o medicinas… [Y se convierten] en pequeñas plantas industriales”.
Así, bajo la excusa de “energías limpias y renovables” para resolver el cambio
climático, se intenta justificar un nuevo proceso de mercantilización de la
naturaleza.
En estos diferentes terrenos, los pueblos de América Latina
han afrontado y combatido en los últimos años y de diferentes maneras los
intentos de profundizar el saqueo, la contaminación y la dependencia.
Megacorporaciones y
gobiernos
Una de las fuerzas que motoriza esta ofensiva es la del
capital trasnacional, representado por unas pocas decenas de megacorporaciones.
Pero, junto a éste, de manera asociada o competitiva, aparece también el
capital local-nacional tanto bajo la forma de grandes grupos económicos (la
Vale, Los Grobo, etc.) que tienen una proyección regional e internacional, como
de empresarios menores muchas veces encargados de la realización de las formas
más violentas e ilegales de esta acumulación.
Pero esta ofensiva extractivista se instaló también en la
agenda de los gobiernos de la región que, incluso más allá de sus diferencias
político ideológicas, parecen inclinarse por profundizar este modelo,
justificado como una respuesta ante la incertidumbre económica global. En este
terreno se cuentan los recientes acuerdos de instalación de las primeras
megamineras a cielo abierto en Ecuador y Uruguay, los procesos de
contrarreforma agraria y mercantilización de los territorios amazónicos en Perú
en 2008, y en la ley de regularización de la apropiación privada ilegal de la
Amazonia aprobada también en 2008 en Brasil, bajo el gobierno de Lula. También
los proyectos de “reforma energética” y privatización de la petrolera mexicana
PEMEX o las intenciones de privatizar la empresa estatal de cobre CODELCO en
Chile, y las políticas de promoción del agronegocio y los agrocombustibles en
el Cono Sur. Avanzan en el mismo sentido la habilitación de grandes proyectos
mineros por gobiernos recientemente electos con un discurso de regulación de la
megaminería, como Ollanta Humala en Perú, Beder Herrera en la provincia
argentina de La Rioja y el gobierno nacional del mismo país frente al proyecto
minero en Famatina. También se suma la profundización y la expansión de la
explotación hidrocarburífera, ahora incluyendo los llamados petróleo y gas no
convencionales. Son parte de la misma agenda la promoción de la minería
transnacional en Colombia y Centroamérica, y el nuevo impulso de los proyectos
hidroeléctricos y forestales en el sur chileno.
Por último, la promoción de esta ofensiva extractivista se
expresa también en el terreno de la geopolítica regional. Ejemplo de ello es el
golpe de Estado parlamentario en Paraguay, prohijado por los sectores
latifundistas, del agronegocio y la megaminería. Muestra de su rostro
autoritario -presente también en la represión y violencia ejercida ante el
conflicto social- y de la iniciativa estadounidense en el control de los bienes
naturales signada, a partir de 2009, por el redespliegue militar y los intentos
de desestabilización con el golpe en Honduras como una de sus primeras
manifestaciones. Menos conocida es tal vez la continuidad de la Iniciativa para
la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). En 2011,
entre las iniciativas que presentó la UNASUR para responder a la crisis se
incluyó la realización de 31 obras de infraestructura promovidas por el Consejo
Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) que forman parte de
la cartera del IIRSA, integrado al COSIPLAN en 2009. De esta manera, la
prioridad otorgada a estas obras para facilitar el comercio exterior de
commodities es otra expresión de la hegemonía ganada por el modelo extractivo
exportador.
¿Ante un nuevo ciclo
regional de luchas?
Frente a esta ofensiva, una ola de protestas y resistencias
sociales emergió y está desarrollándose en el continente. Allí se cuentan un
sinnúmero de las principales luchas y movilizaciones de los últimos años que
ponen en cuestionamiento al modelo extractivo exportador. A pesar de la
fragmentación y aislamiento al que quiere condenárselas, en múltiples casos
lograron detener los emprendimientos o morigerar los efectos más regresivos de
las políticas públicas.
La combinación de estos procesos con el impacto de la
desaceleración económica y los ajustes del gasto fiscal, sugiere que estamos
frente a la posibilidad de un nuevo ciclo regional de luchas. Ciclo que parte
de los cambios y los logros pero también de los límites y frustraciones de lo
acontecido en América Latina en la última década. Y donde la construcción
colectiva de alternativas populares frente a la crisis plantea también el
desafío de elaborar un proyecto alternativo de “otro desarrollo”.
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